Largas filas, corrupción y tiempo perdido. Descubre cómo la identificación digital puede mejorar la eficacia y transparencia de los trámites en Gobierno.
En la actualidad, sabemos lo fácil que es acceder a cualquier producto o servicio en línea y desde nuestro celular. Lo cual, marca una brecha enorme entre empresas privadas y la administración pública, pues cuando se trata de trámites burocráticos resulta sumamente tedioso y poco eficaz hacer largas filas, pasar de ventanilla en ventanilla, los múltiples requisitos, la pérdida del tiempo y la necesidad de entregar papeles físicamente.
¿Cómo impulsar la agenda digital en Gobierno para que la tecnología esté al servicio de este y los ciudadanos? La identificación digital no solo ayuda a eficientar la prestación de servicios, sino también a reducir los costos operativos y mejorar la competitividad regional.
Aunque existen diversos desafíos que varían de acuerdo a cada país, la integración de servicios públicos digitales ha demostrado generar un gran impacto económico también.
Pese a que la transformación digital de los gobiernos ya es una realidad, no todos los países han tenido el mismo desarrollo. Muchas veces, las estrategias no logran concretarse debido a la ausencia de objetivos, planeaciones, responsables y recursos.
Las principales problemáticas a la que se enfrentan las administraciones son:
En América Latina y el Caribe, el 89% de los trámites se hacen de forma presencial (Latinobarómetro, 2017).
Lo que implica contar necesariamente con funcionarios que atiendan las ventanillas, revisen y gestionen los documentos de forma presencial.
Si a esto le sumamos el uso de papel para el registro de información, solicitudes y procedimientos, que además requiere de un espacio físico para su almacenamiento, el resultado son altos costos operativos, procesos administrativos lentos e ineficaces y un riesgo permanente de que los archivos se extravíen, alteren o dañen.
La gestión manual de la información, la obligación de acudir físicamente y la ausencia de procesos estandarizados dan lugar a la necesidad de “acelerar los trámites”.
Al menos el 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un soborno en el contexto de un servicio público.
Lo que equivale a más de 90 millones de personas en la región (Transparencia Internacional, 2017).
Resulta un problema común que para efectuar un solo trámite, el ciudadano tenga que acudir a diversas instituciones. Por ejemplo, asiste a un lugar a solicitar su acta renovada, luego a otro por su carta de antecedentes penales, y así sucesivamente. Esto implica una pérdida considerable de tiempo también para las instituciones, cuya falta de coordinación retrasa los procedimientos.
Asimismo, debido a lo engorrosos que pueden ser los trámites burocráticos, existe una desconfianza mutua entre ciudadanos y servidores, ambos susceptibles a la corrupción. Este problema genera la imposición de barreras de acceso a los servicios y límites en el poder de decisión, alargando los tiempos de resolución de los trámites.
Para mejorar la eficacia y transparencia de sus procesos, los gobiernos se están apoyando en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Por ejemplo, la firma digital impulsó la optimización de los recursos y tiempos invertidos en impresiones de papel, así como en la firma de la documentación.
Por otro lado, el caso de Estonia llama la atención, pues desde la década de los 90 su ex presidente Toomas Hendrik fue el principal impulsor de la digitalización de su país. Asegurando que, el primer paso para la creación de servicios digitales es invertir en la identificación digital de la población.
Además de una identidad digital segura y legal, es necesario contar con un modelo que sostenga y conecte los datos e instituciones.
La competitividad de países como Estonia o Suecia, se debe principalmente a que utilizaron la tecnología para transformar el sector público en una oportunidad de crecimiento socioeconómico. Pero, eso difícilmente puede replicarse en Latinoamérica, si para crear una empresa o registrar una propiedad es necesario atravesar un proceso largo y sin garantías.
Para integrar la identificación digital en Gobierno, se requiere de una regulación adecuada y además, su implementación debe ser progresiva:
La identificación digital es solo el primer eslabón para que los gobiernos puedan gestionar de forma eficaz sus recursos y mejorar su prestación de servicios, los ciudadanos ahorrar tiempo, y las empresas privadas puedan ofrecer más servicios a través de la economía digital.
Las posibilidades que ofrece la tecnología son enormes, sin embargo, es necesario poner en marcha estrategias digitales enfocadas en las necesidades de los ciudadanos y con miras hacia el crecimiento de los países.
En AK Digital, ayudamos a los Gobiernos a mejorar su competitividad y productividad, ¿quieres avanzar hacia la transformación digital de tu institución? Contáctanos para recibir una asesoría gratuita.